Ruta 5 un negocio redondo para la concesionaria
Un callejón sin salida para el usuario
⛔️Ruta 5: Un negocio redondo para la concesionaria, un callejón sin salida para el usuario
Por Redacción Luján Contacto Directo
La Ruta Nacional 5 ha entrado en una nueva era que, lejos de ofrecer soluciones, parece consolidar un modelo de gestión diseñado para la recaudación antes que para la seguridad y el desarrollo regional. Desde el pasado 1° de julio, la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA tomó las riendas de los 546,6 kilómetros que unen Luján con Santa Rosa, bajo un contrato que castiga el bolsillo de los automovilistas sin exigir, a cambio, un solo metro de obra estructural.
El tributo a la desidia:
El nuevo esquema de concesión, bautizado bajo el rimbombante nombre de "Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones", se resume en una ecuación tan simple como desalentadora para los vecinos de Luján y toda la región, más peajes, tarifas duplicadas y cero obras nuevas.
El desembarco de la firma privada, que reemplaza a la estatal Corredores Viales S.A., viene acompañado de una carga económica asfixiante. Con la instalación de dos nuevas estaciones —una en Gorostiaga y otra en Lonquimay— y un incremento en los costos que sitúa el valor del peaje para vehículos livianos cerca de los 2.800 pesos por parada, viajar por la Ruta 5 se ha convertido en un lujo difícil de justificar.
¿Qué reciben los usuarios a cambio de este incremento exponencial? El contrato se limita al mantenimiento y conservación. Es decir, se paga el doble para transitar exactamente por la misma ruta precaria de siempre.
La autopista fantasma:
Mientras el dinero comienza a fluir hacia las arcas de la concesionaria, el tramo Mercedes-Suipacha continúa sumido en el abandono. Esta obra, vital para frenar la alta siniestralidad que caracteriza a este corredor y fundamental para la conectividad del centro de la provincia, permanece paralizada y sin horizonte de reactivación.
Resulta incomprensible que, al firmar un contrato de largo aliento —con una duración de 20 años—, el Estado Nacional haya omitido exigir como contrapartida la finalización de un proyecto estratégico. Se ha priorizado el modelo de "inversión privada" para la explotación comercial, dejando en un limbo absoluto las necesidades reales de infraestructura que demanda la seguridad vial.
Un modelo sin lógica social:
Vialidad Nacional sostiene que su rol se limitará a "fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio". Sin embargo, frente a una ruta que reclama inversiones urgentes, la decisión de priorizar la rentabilidad de una empresa privada por sobre la integridad de quienes transitan a diario es una señal política clara.
La Ruta 5 hoy no es solo un corredor vial, es el reflejo de un sistema donde el usuario es visto como una fuente de financiamiento y no como un ciudadano con derecho a una infraestructura segura. Los vecinos, mientras tanto, seguirán pagando un peaje más caro, circulando por una ruta peligrosa y esperando, sin fecha ni promesas, que la autopista deje de ser un proyecto archivado
¿Qué otras medidas crees que deberían exigir los municipios de la región para garantizar que la nueva concesión realmente mejore la seguridad de los usuarios?
