"La crueldad de Milei no tiene límites"

El fin de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad en micros de larga distancia

​El fin de los pasajes gratuitos a discapacitados en micros de larga distancia

​El gobierno nacional ha sumado un nuevo capítulo a lo que diversos sectores civiles y de derechos humanos califican como una crueldad sistemática hacia los sectores más vulnerables. A través de una reciente medida, se oficializó la eliminación del pago a las empresas de micros destinados a cubrir los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, un derecho que estaba garantizado por ley.

​Esta decisión política desarticula el financiamiento que permitía a miles de ciudadanos viajar sin costo a lo largo del país. Al quitar el subsidio o la compensación estatal, las empresas de transporte aducen la imposibilidad de sostener la gratuidad del servicio por su cuenta, lo que en la práctica anula el beneficio.

​Las consecuencias directas del recorte:
​El impacto de esta medida es inmediato y afecta las necesidades más básicas y urgentes de la población con discapacidad.

​Acceso a la salud: 
Miles de personas que viven en el interior o en zonas alejadas de los grandes centros urbanos pierden la posibilidad de viajar para realizar tratamientos médicos de alta complejidad, asistir a turnos con especialistas o someterse a cirugías programadas.

​Educación y desarrollo:
 Estudiantes que dependen de estos traslados para asistir a universidades o centros de formación especializada se ven obligados a interrumpir su formación académica ante la imposibilidad de costear los pasajes.

​Inclusión laboral: 
Trabajadores que deben desplazarse por razones laborales quedan completamente desamparados, atentando de manera directa contra su autonomía económica y su derecho al empleo digno.
​La quita de este derecho deja a miles de familias en una situación de total desamparo, profundizando las barreras de accesibilidad y movilidad en un contexto socioeconómico ya de por sí complejo. 

Sectores de la oposición y organizaciones no gubernamentales anticipan una ola de amparos judiciales para intentar frenar lo que consideran un avasallamiento explícito a los derechos humanos fundamentales.