Un informe de la UCA desnuda el fracaso del Gobierno ante las desigualdades estructurales,
mientras los discursos oficiales insisten en promesas de progreso y libertad individual, la realidad cotidiana de los jóvenes en la Argentina transcurre por un carril drásticamente opuesto.
Un reciente y demoledor informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA), que abarca el período 2021-2025, expone con números irrefutables la inacción y la falta de políticas de fondo por parte del Gobierno para corregir una brecha social que no hace más que profundizarse.
El estudio de la UCA deja al descubierto que en la Argentina la cuna sigue marcando el destino. Las trayectorias educativas, las oportunidades laborales y hasta el bienestar psicológico de los jóvenes de 18 a 25 años dependen directamente de la posición socioeconómica de sus hogares, demostrando el rotundo fracaso de la gestión estatal para garantizar un piso mínimo de equidad e inclusión.
Educación y empleo: la brecha de la exclusión:
Las cifras del informe revelan una brecha alarmante que la administración actual no ha sabido —o no ha querido— atender. A nivel general, casi 4 de cada 10 jóvenes (39,6%) no completaron la escuela secundaria obligatoria. Sin embargo, el contraste entre estratos sociales expone la magnitud de la fractura: mientras que en el sector medio alto el 69% accede a estudios superiores, en el sector muy bajo el 64,7% ni siquiera logra terminar el colegio secundario.
En el plano laboral, el panorama es igualmente desolador y deja en evidencia la precarización que afecta a las nuevas generaciones. Solo un paupérrimo 14,2% de los jóvenes argentinos cuenta con un empleo pleno de derechos y protegido.
Por otro lado, la desvinculación total del estudio y del trabajo afecta a uno de cada cinco jóvenes (20,7%), pero en los sectores más vulnerables esta cifra se dispara al 34,2%, multiplicando por cuatro la tasa del estrato medio alto (8,3%).
Estas cifras desarman el relato oficial que atribuye el éxito o el fracaso al mero esfuerzo individual. Como concluye el propio informe de la UCA, las trayectorias de los jóvenes están condicionadas por desigualdades estructurales. Las deplorables condiciones del empleo en los hogares vulnerables fuerzan a los jóvenes a abandonar las aulas, perpetuando un círculo de pobreza que el Gobierno parece contemplar con pasividad.
Salud mental y violencia: el costo humano del abandono estatal
El impacto de la falta de un proyecto de país no solo se mide en índices económicos. El abandono social y la falta de horizontes se traducen en un deterioro directo de la calidad de vida y el bienestar psicosocial de las juventudes.
Según el relevamiento, el malestar psicológico afecta al 28,5% de los jóvenes en las franjas de menores ingresos, casi el doble que en el estrato medio alto (15,5%). Asimismo, el aislamiento social —medido a través de la ausencia de vínculos de amistad— pasa de un escaso 1,7% en la clase media alta a un preocupante 15,7% en los sectores más golpeados. En esta misma línea, la violencia de género declarada entre las jóvenes trepa del 6,2% al 19,4% entre ambos extremos de la escala social.
Un modelo que consolida la desigualdad
Frente a este escenario, la respuesta del Gobierno brilla por su ausencia. Al ignorar la centralidad del hogar y del entorno socioeconómico en el desarrollo juvenil, las decisiones de gestión terminan por consolidar un modelo donde el futuro queda reservado únicamente para quienes nacen con recursos suficientes.
El informe de la UCA no solo aporta estadísticas: redacta una condena al modelo de políticas públicas vigente, que no logra garantizar ni educación, ni trabajo digno, ni contención social a las futuras generaciones.
Sin un Estado presente que intervenga para nivelar las oportunidades desde la raíz, la movilidad social ascendente seguirá siendo una quimera y el futuro de millones de jóvenes continuará hipotecado.
