Entre el Estado extractivo y la trampa de Hartwick: un modelo insostenible.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía, ofrece a las empresas que inviertan en estos sectores una serie de beneficios, como la exención de aranceles e impuestos, la agilización de procesos administrativos y el acceso a financiamiento público a fin de mostrar señales de “seguridad jurídica y económica” para el sector privado extranjero, aunque, si bien el RIGI tiene como objetivo promover el desarrollo económico y la creación de empleo, sin una estructura de transparencia y control puede contribuir a la creación de instituciones extractivas y a la trampa de Hartwick.

Las instituciones extractivistas, que son analizadas en el libro “Por qué fracasan los países” son aquellas que “concentran el poder y los recursos naturales en manos de una élite, la cual los explota para su propio beneficio”; este tipo de instituciones (Estado) suelen caracterizarse por un acotado acceso a la propiedad de la población, que no tiene acceso a la tierra, los recursos naturales u otros activos valiosos; hay una concentración del poder político que controla el acceso a las instituciones y los procesos políticos; hay debilidad del Estado de Derecho que no protege los derechos de propiedad de la mayoría de la población y lleva a una corrupción generalizada que las instituciones públicas son utilizadas para beneficiar a la élite dominante (¿shockeados?)

En el libro se analiza el desarrollo histórico de diferentes países (las dos Coreas, Haití y República Dominicana, las ciudades de El Paso, entre varios otros) pasándolos por el tamiz de si su Estado (sus instituciones) son extractivas o por el contrario son instituciones inclusivas, que podemos definirlas como esenciales para el desarrollo económico y la prosperidad; un sistema que incentiva la inversión productiva, la innovación y el crecimiento económico. Además, “las instituciones inclusivas suelen conducir a una mayor reducción de la pobreza, de la desigualdad y de la inestabilidad social”.

El sistema productivo y su marco normativo determina el modelo de instituciones, que dan forma al modelo social. Por lo tanto, el RIGI sin transparencia y controles puede aumentar el carácter extractivo del modelo productivo. Pero por otro lado, existe otra alerta que despierta el RIGI: La trampa de Hartwick, que es un concepto económico que describe la situación en la que el agotamiento de recursos naturales no genera beneficios a largo plazo para la sociedad. Esto ocurre cuando los ingresos generados por la explotación de recursos naturales (entendido como Capital Natural) no se invierten en actividades productivas que puedan generar un crecimiento económico sostenible, no se invierte en otro Capital, se usa en Gasto Corriente. 

Para no caer de la sartén al fuego…

El RIGI, tal cual salió del Senado, podría contribuir a la creación de instituciones extractivistas y a la trampa de Hartwick ya que:

1. Al otorgar beneficios significativos a las empresas que inviertan en sectores estratégicos, el RIGI podría concentrar el poder económico y político en manos de estas empresas. Esto podría dificultar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales.
2. El RIGI no establece mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas para las empresas que se beneficien de sus incentivos. Esto podría aumentar el riesgo de corrupción y mal uso de los recursos públicos.
3. No hay garantías de que las empresas que inviertan bajo el RIGI lo hagan en actividades productivas que generen beneficios a largo plazo para la sociedad. Es más probable que las empresas inviertan en actividades extractivas que agoten los recursos naturales sin generar un desarrollo económico sostenible.

Este régimen especial es una estrategia para en el corto plazo recibir inversiones y reactivar la economía del país, pero si se aplica sin la rigurosidad adecuada puede comprometernos en el mediano largo- plazo.

El RIGI rige durante 30 años. Es decir, pasando el año 2050. Las agendas globales de desarrollo (por ejemplo del G7 donde fue invitado Milei) proponen un proceso de descarbonización de la economía sobre todo entre 2030 y 2050. ¿Está el RIGI pensado para esos proyectos de descarbonización, o solo para extraer gas de vaca muerta y hacer minería en la cordillera? Todavía queda el paso por Diputados, pero sería grave que el RIGI nos condene a un modelo productivo extractivista, que generé instituciones extractivas, que cuando se acabe el recurso nos deje más pobres de lo que somos hoy. 

Para evitar que el RIGI contribuya a la creación de instituciones extractivistas y la trampa de Hartwick, seria bueno que se establezcan mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas para las empresas que se beneficien del RIGI, proponer a las empresas que inviertan en actividades productivas que generen beneficios a largo plazo para la sociedad es decir: invertir las rentas del capital natural en generar capital intangible (educación y recursos humanos); fomentar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales (que son requisitos para asegurar la sostenibilidad de las mismas); invertir los ingresos generados por la explotación de recursos naturales en actividades que promuevan el desarrollo económico sostenible.

Es importante recordar que el RIGI es una herramienta que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. El éxito o fracaso de este régimen dependerá de cómo se implemente y de las medidas que se tomen para mitigar sus posibles impactos negativos. Por ejemplo, la ley minera argentina es muchísimo más laxa en términos impositivos que la ley minera chilena ¿Se tomará nota de esto en la aplicación del el RIGI?

Un RIGI mal aplicado puede transformarse en una condena para la argentina: la cláusula que prioriza el uso de recursos estratégicos para la explotación antes que para la población (pensando en el agua, por ejemplo) puede generar grandes conflictos en la población y hay que ver hasta qué punto no es inconstitucional por el Artículo 41 de la Constitución Nacional. Un RIGI mal aplicado puede transformar a la Argentina en un enclave de Recursos Naturales estratégicos para la transición energética global en el marco del gran desafío que nos presenta el Cambio Climático pero sin una estrategia propia de transición energética y productiva nuestra capacidad quedará truncada.

Este régimen de incentivos es, como lo definió Lousteau, “hiper generoso comparado con la realidad de cualquier empresa Argentina” y desde el poder ejecutivo lo proponen como el modelo que debería tener todo el país para generar condiciones económicas modernas y productivas. Pero si las instituciones no funcionan bien, no hay debidos controles (due diligence) y falta desde el Estado un norte estratégico a largo plazo para la inversión, podemos quedar atrapados en un modelo de crecimiento económico basado en la primarización de las exportaciones, o la venta al exterior de recursos naturales poco transformados, como la minería, la agricultura o el petróleo que nos condene al ostracismo en una economía global descarbonizada y digital. En ese sentido, propuestas de reformas que se presentaron, como el proyecto de Lousteau, modifica el “RIGI” hacía un régimen más apto para proyectos de Hidrógeno Verde o Energías Renovables: tecnologías y cadenas de valor de industrias de una economía descarbonizada que generan empleos verdes, que serán la normalidad en 30 años.

Si no comenzamos a impulsar estos sectores ahora aprovechando regímenes como este, en 30 años seguiremos teniendo una matriz energética muy sucia, un modelo productivo extractivo, empleos del siglo XX improductivos y perderemos la oportunidad de subirnos al tren de la cuarta revolución industrial. Parafraseando al Senador Lousteu, es necesario pensar las leyes a tan largo plazo desde una visión macro, muchas veces las salidas rápidas comprometen el futuro. 

*Javier José Vazquez es Sociólogo y especialista en Desarrollo Sostenible.