"EL AJUSTE MAS CRUEL" Editorial de Jorge Romani
El Gobierno de Milei lleva su guerra contra los discapacitados a la Corte Suprema
En un nuevo capítulo de lo que ya se perfila como una gestión definida por la insensibilidad social, el Gobierno nacional ha decidido escalar su ofensiva contra el sector más vulnerable de la sociedad. Tras meses de asfixia financiera, vetos y reglamentaciones tramposas, la administración de Javier Milei ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para intentar herir de muerte a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Bajo el recurrente y ya gastado argumento de la "sostenibilidad fiscal", la Procuración del Tesoro de la Nación pretende desconocer una norma que nació de la urgencia y el consenso legislativo. Para el Ejecutivo, los derechos de las personas con discapacidad no son más que un renglón molesto en una planilla de Excel que debe ser borrado a cualquier costo.
El cinismo como política de Estado
Es necesario recordar el camino de espinas que ha recorrido esta ley. El Congreso la aprobó en 2025 para frenar el colapso de prestadores y transportistas. Milei la vetó. El Poder Legislativo, en un acto de cordura, insistió y la repuso. Ante la derrota, el Gobierno optó por la "muerte por reglamentación": aplicó aumentos insignificantes en el nomenclador de prestaciones, dejando a los profesionales cobrando migajas y a las familias en un estado de desamparo total.
Ahora, con un cinismo que asombra, el Gobierno sostiene ante el máximo tribunal que cumplir con la ley produciría "consecuencias irreparables para la sociedad".
Cabe preguntarse:
¿Qué consecuencia es más irreparable que el abandono de una persona que depende de una terapia, un transporte o una asistencia básica para su vida cotidiana?
La falacia del presupuesto infinito:
El argumento de la Procuración, que sostiene que la ley costaría "más que todo el presupuesto nacional", no solo es una exageración técnica, sino una táctica de miedo para justificar la inacción. Mientras el Estado se desentiende de sus funciones esenciales de cuidado, las organizaciones civiles y los fallos judiciales de instancias inferiores —que siempre han dado la razón a los demandantes— son ignorados sistemáticamente.
"La sentencia genera gravedad institucional", dice el Gobierno. La verdadera gravedad institucional es que un Poder Ejecutivo se declare en rebeldía contra las leyes de la Nación y la dignidad humana, apelando a tecnicismos financieros para no pagar lo que corresponde por derecho.
Un modelo que excluye:
La presentación ante la Corte Suprema no es un hecho aislado. Es el corolario de la "motosierra" aplicada al sector salud y previsión social. El mensaje que envía la Casa Rosada es claro: en la Argentina del superávit fiscal, no hay lugar para quienes necesitan del apoyo del Estado para integrarse y sobrevivir.
Si la Corte Suprema cede ante este planteo, se sentará un precedente peligroso donde la "caja" estará siempre por encima de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. La "emergencia" no es solo presupuestaria; es una emergencia moral de un Gobierno que parece haber perdido la capacidad de registrar el dolor ajeno.
