El Municipio de Luján, en conjunto con las distintas fuerzas de seguridad, lleva adelante operativos especiales con el objetivo de impedir la circulación de vehículos de tracción a sangre en el distrito.

En este marco, se instalaron centros de control en puntos estratégicos de posible ingreso de carros. Allí, personal de la Dirección de Tránsito, Transporte y Guardia Urbana, junto con efectivos policiales, realizan inspecciones generales para garantizar que no ingresen carros tirados por caballos al Partido de Luján.

Como resultado de los procedimientos, en los últimos días se secuestraron cinco carros, cinco vehículos y un tráiler pertenecientes a personas oriundas de El Talar, Los Polvorines, Pablo Nogués, Lomas de Zamora, Lomas del Mirador, Derqui, Tigre, Isidro Casanova y Moreno.

En este sentido, y tal como lo establece el Decreto Municipal, y en concordancia con la Ley Nacional Nº 14.346 de Protección Animal y la normativa provincial vigente, se recuerda que está prohibida la circulación y permanencia de caballos y carros de tracción a sangre en todo el Partido de Luján. Solo podrán participar los equinos previamente inscriptos en el desfile oficial de agrupaciones tradicionalistas, en coordinación con el Municipio.

Asimismo, todos los vehículos que ingresen al distrito en el marco del desfile deberán contar con la documentación obligatoria para el transporte de caballos: licencia de conducir correspondiente, habilitación para el transporte de animales vivos y el traslado deberá ser realizado en trailers, batanes o jaulas adecuadas.

Para la circulación de caballos, es obligatorio contar con el Documento para el Tránsito Electrónico (DT-e) o, en su defecto, la Libreta Sanitaria Equina. Además, es necesario cumplir con los requisitos sanitarios específicos para el traslado, que incluyen el diagnóstico negativo de Anemia Infecciosa Equina (AIE).

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a sanciones tales como el secuestro inmediato de los animales por parte de las autoridades competentes, la aplicación de severas multas económicas (según lo establecido en la legislación nacional, provincial y municipal), así como la intervención judicial en caso de comprobarse situaciones de maltrato o crueldad animal.